Corría el año 2007 cuando se publicó la hoy derogada Ley 11/2007, de 22 de junio, de Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios Públicos. Esta ley daba el pistoletazo de salida a lo que hoy reconocemos como administración electrónica al promulgar como un nuevo derecho de la ciudadanía el relacionarse con las Administraciones Públicas por medios electrónicos. 

Más tarde las Leyes 39/2015 y 40/2015 marcaron un punto de inflexión al obligar, entre otras cosas, a dar cobertura al derecho anteriormente mencionado de relacionarse electrónicamente con la administración, derecho que para determinados sujetos se convertía en una obligación.

Este cambio de relación ciudadanía-administración trajo consigo una serie de obligaciones, muchas de ellas con un marcado componente tecnológico, que las administraciones debían cumplir para permitir realizar todos los procesos administrativos, la gestión y la comunicación de manera digital.

Las políticas públicas que lleva a cabo el gobierno municipal son las que inciden en el día a día de las personas, las que les hace acercarse a la administración a informarse y solicitar cualquier cosa que necesiten. Por eso es tan importante que los Ayuntamientos tengan implementada la administración electrónica cuanto antes.

Si bien es cierto que la emergencia sanitaria, iniciada en marzo de 2020, dio un empujón a la administración electrónica por la imposibilidad de salir de casa, también lo es que ha traído un caos monumental en los pequeños y medianos ayuntamientos que han tenido que hacer frente a una situación administrativa para la que no se encontraban preparados.

Teniendo la tecnología que permite a la ciudadanía relacionarse con su ayuntamiento de forma digital, y una ley que obliga ¿Por qué nuestros Ayuntamientos no están ahí? ¿Por qué no podemos todavía tratar con nuestra administración municipal de manera electrónica y en todo momento?

Son múltiples los puntos a abordar para responder a estas preguntas, desde la gestión eminentemente burocrática anclada en siglos pasados que aún permanece vigente en diversas administraciones públicas, a la cultura del papel, pasando por los múltiples cambios normativos o la falta de personal técnico cualificado para abordar la implantación de la e-administración. Esta multiplicidad de factores dificulta la concreción de los problemas y, por lo tanto, la búsqueda de soluciones.

Según el Consorcio AOC, “la Administración electrónica es el modelo de administración pública basada en el uso de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC), combinado con los cambios organizativos y jurídicos necesarios, con el objetivo de mejorar la eficiencia interna, las relaciones interadministrativas y las relaciones de la Administración con las personas, las empresas y las organizaciones.”

Pongamos el foco en las personas, busquemos soluciones a los problemas comunes y compartámoslas. Colaboremos aprovechando las TIC y nuestra experiencia y conocimiento para dar el mejor servicio posible y crear la Administración Local que deseamos ser.